Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
La Constitución y los tratados internacionales establecen que toda persona, sin distinción, debe poder acceder a la justicia cuando considera que se le ha violado algún derecho. Sin embargo, en la práctica existen ciertos colectivos o grupos sociales que no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho en la misma forma que el resto de la población, debido a la discriminación de la que han sido objeto históricamente.
Este Protocolo es producto de un proceso consultivo que incluyó la participación de personas experimentadas desde una diversidad de espacios, incorporando su perspectiva, experiencia y necesidades en relación con el acceso a la justicia de personas, pueblos y comunidades indígenas. Este proceso inició en 2021 y reunió a personal jurisdiccional de distintas materias, ámbitos de justicia y entidades federativas; defensorías XVII públicas; integrantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas indígenas; y personas indígenas.
Es importante mencionar que el Protocolo desarrolla, en su primer capítulo, diversos conceptos que son esenciales para la comprensión de la diversidad y pluralidad del grupo principal al que busca proteger. Esto cobra particular relevancia en tanto son términos que han tenido un avance considerable en su definición en los últimos años y deben siempre entenderse como cambiantes, evolutivos y adaptables a las necesidades de las personas
que se identifican con ellos.
2022-2023 20%, 2020-2021 25%, 2019-2018 30%, 2017-anteriores 35%