Protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal.
La Constitución y los tratados internacionales establecen que toda persona, sin distinción, debe poder acceder a la justicia cuando considera que se le ha violado algún derecho. Sin embargo, en la práctica existen ciertos colectivos o grupos sociales que no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho en la misma forma que el resto de la población, debido a la discriminación de la que han sido objeto históricamente.
Este Protocolo es producto de un proceso consultivo que incluyó la participación de personas experimentadas desde una diversidad de espacios, incorporando su perspectiva, experiencia y necesidades en relación con el acceso a la justicia de personas, pueblos y comunidades indígenas. Este proceso inició en 2021 y reunió a personal jurisdiccional de distintas materias, ámbitos de justicia y entidades federativas; defensorías XVII públicas; integrantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Además, ayuda a cumplir con los deberes resultantes de dichas protecciones constitucionales. Es un documento que compila estándares jurí dicos que deben observar las autoridades judiciales al analizar la legalidad de las detenciones. Para procurar su enfoque práctico, el Protocolo se centra en los supuestos en los que, según la ley, se debe realizar el control de detención: flagrancia y caso urgente.
2022-2023 20%, 2020-2021 25%, 2019-2018 30%, 2017-anteriores 35%